El Ministerio Público federal imputó delitos por ejercicio indebido del servicio público al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño.
En audiencia, la Fiscalía General de la República lo acusó de ser responsable por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo en el que perdieron la vida 40 personas.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, las víctimas fallecieron después de que se desatara el fuego y los custodios no les permitieran salir.
Los hechos se convirtieron rápidamente en la tragedia más grande de un centro de migración a cargo del Estado Mexicano.
A Garduño se le responsabiliza de incurrir en conductas delictivas al no cumplir con obligaciones propias de su cargo, como vigilar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes e instalaciones a su cargo, además de propiciar que se cometieran delitos contra esta población vulnerable.
Garduño se convirtió en el funcionario de más alto rango citado a responder ante la justicia.
En un principio se preveía que su audiencia inicial fuera el 21 de abril, pero sus abogados solicitaron una prórroga.
Por el delito de ejercicio indebido de funciones se puede castigar con uno a siete años de cárcel, según el Código Penal Federal vigente.